El derecho penal regula las consecuencias de determinadas conductas que violentan las normas de convivencia o de conducta, imponiendo en su caso, tras un proceso con las debidas garantías, la sanción aplicable a las mismas.
El art. 24 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
Un asesoramiento profesional permite una adecuada defensa ante cualquier situación que se plantee.
