En la contratación de los servicios y productos bancarios hay una amplia normativa de protección del cliente basada en la exigencia de un conocimiento adecuado de las características y, sobre todo de los riesgos, de los diversos productos, y de las consecuencias de su contratación estableciendo, en defensa del consumidor unas obligaciones de información para garantizar este conocimiento.
El incumplimiento de esta obligación de información puede dar lugar a la nulidad del contrato u obligar a indemnizar los daños y perjuicios sufridos por el cliente bancario.
Un asesoramiento profesional permite una adecuada defensa ante cualquier situación que se plantee.
